Para muchos de nosotros enfrentarse al pensamiento de no disponer de un espacio para vivir, no formaba parte más que de una mala pesadilla de esas que impiden un descanso plácido y reconfortante; sin embargo, lo que antes era un mal sueño hoy se ha convertido en una desafortunada realidad, resultado del inflacionismo especulativo español de los últimos años, que ha predispuesto a un elevado número de ciudadanos a enfrentarse a una nueva situación que dista mucho de esa imagen de bonanza económica y bienestar social que recorrería nuestra sociedad poco tiempo atrás.
Protesta ciudadana. ¡Qué no nos representan! Foto: Gloria Verdugo González
Después de varios años de crisis económica manifiesta, y escondida, España se enfrenta a uno de los capítulos más complicados de su joven y no tan consolidada democracia, pues a la desconfianza de la ciudadanía en los políticos se suma una Unión Europea que ahora no es la que da sino la que quita, o mejor dicho la que “amenaza” con quitar. Una realidad poco “apetecible” donde los poderes económicos, sociales, políticos, aparecen contaminados y corruptos e incluso pareciera que irrecuperables.
Ante tal escenario no es de extrañar que exista una falta de confianza en los poderes fácticos y una ciudadanía, por momentos unida que, cada vez más fuerte, pide participar de la toma de decisiones y del planteamiento de soluciones a problemáticas que nunca deberían de haberse producido, resultado del falso crecimiento económico español.
Ante este panorama el claro perjudicado está siendo el ciudadano, pues cada vez son más los que terminan en la calle, aumentando el número de individuos en situación de exclusión1 o semiexclusión social a pasos agigantados; y la sociedad poco puede hacer para contenerlo o paliarlo. Si bien, lo tremendamente dramático de este hecho no queda aquí, dado que ahora el problema se trunca mayor en cuanto que la problemática está afectando a uno de los pilares básicos de la comunidad, las familias. Las familias están pasado por un mal momento pues ahora más que nunca están viendo perder su estatus quo sin que puedan hacer nada para remediarlo, o digamos que más bien poco; algunas de esas familias que antes servían de apoyo, de refugio, de cobertura de los miembros de su entorno, ahora se ven en algunas situaciones “al borde del abismo”, en cuanto que han desaparecido las “supuestas garantías” que el Estado tenía previstas para ellas, lo que les empuja a convertirse en muchas ocasiones en meros espectadores de una realidad controvertida, injusta e insolidaria.
Circunstancias, las anteriormente mencionadas, que han dado lugar a la aparición de un nuevo fenómeno social el de “las familias en situación de calle»,2 las cuales no esperaban verse así pues lo único que habían hecho había sido, en la mayoría de los casos, replicar un modelo socioeconómico presente en el Estado, por el que se sentían respaldados y “premiados”.
Un modelo que no estaba en consonancia con lo social o que, mejor dicho, se había olvidado de ello, sólo centrado en lo económico, y que no veía las posibles consecuencias futuras de la alimentación del mismo, un modelo de crecimiento económico “insostenible” e inviable a todos los niveles, en cuanto que asociaba el crecimiento a la intangibilidad de hechos y a la confianza de una población mal informada que creía que su realidad era mucho más estable y consolidada de lo que ciertamente era, en definitiva, un modelo poco ético y responsable, al auspicio del Estado que no lo ponía en duda y lo fomentaba, y que se encontraba supeditado a lo económico, siendo ahora, más que nunca, cuando la economía se había puesto al mando del pueblo.
Mientras esto sucedía, al pueblo se le iba diciendo qué, cómo y cuándo tenía que hacer las cosas para que el resultado que de él se esperaba socialmente fuese el adecuado; así mientras el ciudadano intentaba adaptarse a modelos socialmente válidos y respetados iba perdiendo pensamiento y capacidad crítica, en cuanto que tan grande era el esfuerzo que exigía el modelo que poco más se podía hacer más que centrarse en él y claro, mientras esto sucedía, el Estado continuada enriqueciéndose y la economía creciendo; el resultado fue un círculo vicioso que debe ser analizado desde cuatro perspectivas: politológica, sociológica, económica y criminológica.
Abuelos en lucha. Foto: Rebeca Cordero Verdugo
Politológicamente, se llegó a esta situación porque el Estado se encontraba en una situación muy cómoda, no tenía que proveer de recursos a la sociedad ya que las necesidades de esta se cubrían desde lo económico, no importaba desmantelar el Estado del Bienestar, ni privatizar lo público, la desprotección del Estado hacia el ciudadano era cada vez mayor y la pérdida de derechos y libertades paulatina, pero todo se compensaba con elaborados discursos sobre responsabilidad social que no era más que formas de hacerle creer a la gente que los diferentes agentes sociales se preocupaban de ellos, pero la realidad no era tal, dado que en mucho casos sólo se trataban de acciones de marketing social, que buscaban proyectar una mejor imagen de las organizaciones que lo trabajaban aumentando el valor de la marca de la misma. Organizaciones que mediante sus actos “incontrolados” demostraban que no lo eran. Un ejemplo sería la permisividad en la concesión de créditos subprime,3 supuesto origen de la actual crisis económica. Lo que no nos pilla de sorpresa, pues el elevado número de créditos concedidos de este tipo, el hecho de que muchos se cedieran a terceros y que esta práctica se globalizase, debido a las múltiples conexiones financieras económicas, hicieron que el castillo de naipes comenzase a derrumbarse cuando Lehman Brotehers quebró.
¿Y mientras que estaba haciendo el Estado? Más bien poco, muy poco, permitía que todo este tipo de operaciones se desarrollasen para que el ciudadano se creyera “poderoso”, igualado al resto y con posibilidades de tener todo aquellos que se proponía, ¿pero acaso era posible? La respuesta evidente es no. El sistema económico capitalista en el que estamos inmersos, requiere desafortunadamente de clases inferiores que sostengan a las superiores, y aunque la clase media iba en aumento cabe pensar que en los últimos años más se trataba de una posición de “crédito de plástico” que real.
En definitiva, mientras todo esto sucedía, el Estado estaba actuando de manera ilícita pues no ponía en marcha los sistemas de control que se le requieren, como organización política soberana que es, para evitar posibles quiebras o rupturas sociales, además de no proteger la nación, ni a sus ciudadanos yendo en contra incluso de la norma suprema del Estado, la cual en su artículo 394 dice: «Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia».
Desde una perspectiva sociológica, la sociedad española está viviendo uno de sus peores momentos y lo peor de todo es que les pilló desprevenidos, pues pocos eran los españoles que pensaban que la evolución que iba a tomar nuestro país fuese esta, si bien algunas voces expertas como la del Profesor Jaime Terceiro Lomba5 en sesión de 17 junio de 2003 en su artículo Notas sobre la evolución reciente de la economía española ya pone de relieve el aumento del consumo generalizado, que estaba conduciendo a un descenso de la tasa de ahorro familiar y un crecimiento de sus pasivo, posicionándose sus deudas por encima de su renta. Esto tiene mucho que ver con un imparable crecimiento en el precio de las viviendas que de 1999 a 2003 se estimó en un 70%, y que ha terminado generando una multitud de problemas a los que debemos dar respuesta hoy. Pero ¿a qué se debió el hecho de que los compradores aceptasen precios tan desorbitados y se animasen por el consumo?
Cabreo ciudadano. Foto: Rebeca Cordero Verdugo
La respuesta es clara, en primer término se generaba empleo, lo que a su vez provocaba un aumento de la renta per cápita, lo que permitía que los individuos se planteasen la adquisición de una vivienda con ciertas garantías y si a esto le sumábamos el hecho de que los costes de financiación eran bajos parece que la decisión era incluso acertada. Y si a estas variables sumamos que existía un crecimiento poblacional y un aumento migratorio, que propiciaba que las necesidades de consumo se viesen multiplicadas, pudiendo ser cada vez mayor la demanda lo que provocaba un aumento del precio de la oferta, parece que la ecuación funcionaba, si bien; una cosa es “poder permitirnos” adquirir una vivienda y otra cosa que pudiera ser a cualquier precio. Entonces ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué propició esa sobrevaloración en los precios? En primer término el llamado blanqueo de dinero proveniente de fondos ocultos, que permitía a través de la adquisición de una vivienda “blanquear ese capital” y en segundo término lo que yo denomino “pensamiento de la ocasión” perteneciente a la filosofía de mejor comprar cuanto antes porque el precio seguirá subiendo, y lo que hoy puede ser una ocasión de compra, mañana se convertirá en algo imposible y prohibitivo.
Esta situación dirigida por los bancos en connivencia con las constructoras y permitida por el Estado,6 tuvo como actor principal al ciudadano que si bien en primer término fue un cliente al que buscar, cuidar y mimar, con el paso del tiempo se ha convertido en un rehén de una situación en la que todos, incluido él, han tenido parte de culpa pero en la que sólo ellos eran los plenos desconocedores de una situación, eran fácilmente manipulables y quizá lo único que podríamos criticarles es el poco realismo de sus decisiones, o dicho de otro modo, la escasez de sentido común al aceptar endeudamientos por encima de lo recomendable e imposibles para su nivel económico, aunque nadie les dijo que no pudieran hacerlo y mucho menos le mostraron alternativas, tales como el alquiler accesible y estable, para que se decidiese por otra cosa.
Un ciudadano que en mayor o menor medida se está viendo afectado por la situación crítica que vive España, donde la destrucción masiva de empleo nos ha llevado a alcanzar una tasa de paro superior al 26%, donde la moderación salarial ha provocado la reducción del nivel de renta de los hogares, y donde el establecimiento de políticas que no favorecen su estabilidad social, en cuanto que generan cambios en las prestaciones sociales que reciben,7 favorecen el empobrecimiento social.
Por tanto, en un Estado donde el aumento de pobreza severa es un hecho, pasando de las 300.000 personas en 2007 a las 630.000 en el 2012, y donde el 44,5% de los hogares españoles en 2012 no tenían capacidad para asumir gastos imprevistos, la pobreza en las familias se plantea como algo real y grave y que puede terminar convirtiéndose en un problema estructural en España, con las complicaciones delictivas, educativas, culturales, o de fragmentación social, que podrían derivarse.
La perspectiva económica es la más compleja en cuanto a la pluralidad de teorías y posicionamientos que existen, de tal manera que no expondré teorías que justifiquen o critiquen lo sucedido en España, sino que me centraré en hablar de la economía en relación a los valores y la ética.
Arrancaremos este punto con una cuestión de vital interés, ¿en los tiempos de la ahora llamada burbuja inmobiliaria podemos hablar de la existencia de una ética económica en España, desde una perspectiva humanística que no empresarial?
La respuesta es clara, no, la economía y la ética, han seguido caminos diametralmente opuestos, circunstancia que se entiende simplemente leyendo la definición que el Diccionario de la lengua de Real Academia Española, hace de ética profesional: «conjunto de normas morales que rigen la conducta humana», a lo que yo añado, y por ende a la conducta empresarial; y es aquí donde reside el grave problema en que el conjunto de normas y actuaciones de la mayoría de las organizaciones y la gestión que de la economía hacía el Estado a través de leyes o la permisividad del determinados hechos eran, ajenas a la moral y con ausencia en valores.
Valores como la igualdad, la justicia, la paridad, la solidaridad, o incluso el bienestar, desaparecían en medio de objetivos de ventas, crecimiento desmedido, enriquecimientos, o individualismos, la política quedaba al auspicio de la economía y ciudadanía, continuaba creyendo en sus dirigentes incluso cuando ellos no hacían otra cosa más que creer en los agentes económicos, eso sin entrar en las oscuras vinculaciones entre política y economía traducidas en corruptelas de todo tipo.
En medio de esta suma de “irresponsabilidades” la ciudadanía, que veía en el consumo la “solución a todos sus males” resultaba ser un ser indefenso antes los movimientos económicos que se estaban produciendo.
En este sentido Adela Cortina8 habla de la necesidad una reflexión ética tanto de la economía como de la empresa, donde se tengan en cuenta las consecuencias de las transacciones económicas, además de trabajar con otro nivel, el consumo y su ética. Sólo así conseguiremos mitigar el impacto negativo que para la sociedad tiene este tipo de actuaciones desafortunadas y perjudiciales, que llevado al ámbito de la vivienda repercute en desahucios, desalojos, suicidios, etc.
Criminológicamente, el problema de la vivienda en España se centra en dos grandes cuestiones: ¿dónde queda el papel del Estado como garante de derechos fundamentales? Y ¿por qué el Estado no actuó preventivamente evitando todo aquel comportamiento que era generador de posibles fracturas sociales?
En realidad no podemos entrar a dar respuestas basadas en hipótesis poco contrastables, aunque probables, con lo que es mejor reflexionar acerca de a dónde nos ha conducido la pasividad de un Estado que no ha sabido actuar conforme a los preceptos que se le exigen. Lo que nos lleva a identificar al Estado como factor criminógeno, en cuanto que se ha puesto en peligro a sí mismo, poniéndose en situación de riesgo, aumentando sus niveles de inseguridad, rompiendo su estabilidad y favoreciendo la fragmentación del mismo. Pero el Estado no debe ser identificado como una simple unidad organizativa sino como el responsable de la sociedad que alberga, en definitiva, el responsable de la calidad de vida de las personas que lo componen; con lo que poniendo en peligro su integridad también endurece las condiciones de vida de aquellos que lo conforman y estos, los ciudadanos, descontentos con sus actuaciones dudan de su legitimidad, a pesar de que su conformación política sea bajo preceptos democráticos de elegibilidad, rompiéndose el equilibrio necesario entre la ciudadanía y el Estado de cualquier sistema democrático.
La ciudadanía deja de confiar en un Estado que no la respeta, ni la defiende y el Estado deja de confiar en una ciudadanía que identifica como subversiva por algunas de sus actuaciones sociales.
La sociedad estable de antes se convierte en un foco de conflicto continuado que da paso a la seguridad y a la fortificación, el Estado se protege de aquellos que lo componen y se defiende de sí mismo, proyectando el miedo desde el epicentro del caos y el descontrol, en otras palabras aquellos que permitieron de manera reiterativa prácticas amorales e irracionales, ajenas a lo socialmente responsable, aunque sí lucrativas; se llevan las manos a la cabeza cuando los que ayer fueron ensalzados, porque eran potenciales clientes honorables, y hoy son perseguidos por no poder hacer frente a sus pagos, siendo abocados a la ruina se movilizan para demandar cambios legislativos y/u organizativos y son tachados en ocasiones de irresponsables, indignos o en el peor de los casos de “gentuza”, exigiéndoseles en todo momento un comportamiento ético, civilizado, cívico y responsable.
Y yo me pregunto ¿no es acaso el Estado el responsable de haber aumentado el índice de victimización social? ¿No es este, y no otro, el que ha permitido que aumente el número de personas en situación de calle, en situación de exclusión social, o el porcentaje de familias empobrecidas?
Podemos intentar buscar muchos responsables del problema que hoy se vive en España, y todos tendrán parte de culpa, pero es en última instancia el Estado el responsable de todo esto en cuanto que ha hecho caso omiso de los capítulos III y IV de la Constitución Española referidos: De los principios rectores de la política social y económica (III) y De garantías de las libertades y derechos fundamentales.
Los suicidios habidos en relación a los desahucios no son más que el comienzo de una oleada de problemas sociales a los que dar respuesta derivados de la mala gestión de los últimos tiempos, a los que les pueden seguir el aumento de la criminalidad, la violencia contra el Estado, la disminución del nivel educativo, los problemas sanitarios, la fuerte fractura social y la consolidación de movimientos sociales al margen de los estatales pero con mucha más fuerza.
A pesar de todo lo expuesto no quiero que mi disertación se considere pesimista dado que la implementación de determinadas actuaciones resolvería parte de la problemática aquí planteada.
En primer lugar, el Estado debería ser permeable ante las demandas y las necesidades ciudadanas.
En segundo lugar, este mismo Estado debería generar control mediante la prevención, es decir, no permitir las consecuencias del hecho sino evitar el hecho que da lugar a negativas consecuencias sociales.
En tercer lugar, es el Estado y no otro el que debe imponer reglas del juego económicas, al menos desde la perspectiva de la ética y los valores.
En cuarto lugar, se han de limpiar todas aquellas relaciones tóxicas y mal creadas que existen entre las estructuras de poder y que rompen la credibilidad que estas deben tener para el ciudadano.
En quinto lugar, debe integrar las reflexiones de aquellos movimientos sociales que reflejan el sentir de la mayoría de la ciudadanía, para evitar comportamientos desviados y quizá todo esto pase por trasformar el concepto de democracia representativa en participativa.
En resumen el Estado debe partir de una visión flexible de la realidad y no estática o uniforme, donde el objetivo sea evitar los problemas sociales sobre la base de la ética, los valores, el respeto de las libertades y de los derechos fundamentales, la responsabilidad social, y bajo el cumplimiento de todas sus obligaciones, sin perder de vista la separación de poderes y por defecto el poder del pueblo.
Y ahora sí es cuando podemos decir que en el caso de no aplicar todos estos cambios la situación sea cada vez más insostenible convirtiéndose en una de las de peor solución de la historia.
Bibliografía
- A. A. V. V. (2011). Crisis económica y financiera. Intervenciones en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (2000–2010). Madrid: Real Académicas de Ciencias Morales y políticas.
- Cortina, A. (2000). Ética mínima. Introducción a la filosofía práctica. Madrid: Tecnos.
- España. Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978. Boletín Oficial del Estado, 29 de diciembre de 1978. Extraída el 13 marzo de 2013 de: http://www.boe.es/legislacion/enlaces/documentos/ConstitucionCASTELLANO.pdf
- Fundación FOESSA y Caritas española (2013). Análisis y Perspectivas 2013. Desigualdad y Derechos sociales. Madrid: Cáritas.
- Instituto Nacional de Estadística (INE) (2012). Encuesta de Población Activa. Madrid: INE.
- Real Academia de la Lengua Española (2013). Diccionario de la lengua española. Madrid: Real Academia de la Lengua Española.
- ↑ Según el Informe FOESSA presentado en marzo de 2013 y titulado: Desigualdad y derechos sociales. Análisis y perspectivas, 3.000.000 de personas están por debajo del límite de la pobreza en España, y el empobrecimiento medio de la sociedad española, ha aumentado de 8.000€, para una persona en 2009, a 7.300€, en 2012, situando en un 26,8% el índice de personas en situación de pobreza y exclusión social.
- ↑ Según los datos de la EPA (Encuesta de Población Activa) del último trimestre de 2012, 1.833.700 hogares de España tienen todos sus miembros en paro.
- ↑ Se conocen como créditos subprime a un modelo de crédito hipotecario propio de Estados Unidos y de su sistema financiero caracterizado porque su riesgo de impago es muy elevado, estando por encima de la media, con un tipo de interés también alto de lo habitual suelen tener un límite de concesión de muchas veces es pasado por alto debido a los intermediarios que se encargan de gestionar deuda. De tal manera que se produjo un aumento de más de cinco puntos entre el año 2002, donde hablábamos de un 7% y el 2007 que superaba el 12% de la cuota del mercado.
- ↑ Constitución Española. Capítulo III. De los principios rectores de la política social y económica. Artículo 39.
- ↑ Actualmente Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad Complutense, es Doctor Ingeniero Aeronáutico y Licenciado en Ciencias Económicas. Académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Ha sido Director General del Banco Hipotecario de España y Presidente Ejecutivo de Caja Madrid.
- ↑ Un Estado, el español, que fue en contra del artículo 47 de la Constitución Española en el que se afirma que: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación».
- ↑ Como ha sucedido en la Comunidad de Madrid, con el acuerdo alcanzado en la Asamblea que permite la privatización de la gestión de la sanidad en toda la comunidad, a finales de diciembre de 2012.
- ↑ Adela Cortina, es Catedrática de Ética en la Universidad de Valencia y Directora de la Fundación Étnor (Ética de los Negocios y de las Organizaciones).
Universidad Europea de Madrid.
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Estimado FJCC,
Puedes consultar parte de esta información en el INE, concretamente pinchando en este enlace puedes obtener la información relativa a los desahucios por provincias http://www.ine.es/buscar/searchResults.do?searchString=desahucios&Menu_botonBuscador=Buscar&searchType=DEF_SEARCH&startat=0&L=0, así como la relativa a suicidios y otros hechos sociales.
Un saludo.
Para investigar sucesos importantes económicos en España desde 2006 al 2012, ¿dónde se podría consultar?, para comparar o ver la importancia de esos acontecimientos con respecto a desahucios y suicidios.