Los accidentes de tráfico han generado a lo largo de 2015 –datos más actuales publicados por el INE– 1.880 personas muertas, que representan un aumento del 0,4% con respecto al año anterior. Además de las que resultaron lesionadas, muchas de ellas con secuelas.
Ni que decir tiene que los accidentes de tráfico, además de daños en la esfera física incluso psíquica “producen daños en la esfera social de la persona: estructura familiar, relaciones con amigos y vecinos, economía personal-familiar, ámbito laboral, actividades de ocio, barreras arquitectónicas en la vivienda habitual, proyecto de vida, etc., que impactan sobre su dignidad y bienestar”.
El 1 de enero de 2016 entró en vigor la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. Uno de sus principios fundamentales expone que “Las indemnizaciones de este sistema tienen en cuenta cualesquiera circunstancias personales, familiares, sociales y económicas de la víctima, incluidas las que afectan a la pérdida de ingresos y a la pérdida o disminución de la capacidad de obtener ganancias”.
El artículo “El daño social en víctimas de accidentes de tráfico: análisis y sugerencias en torno al nuevo baremo de la ley 35/2015”, publicado en diciembre de 2016 en la revista “Agathos. Atención sociosanitaria y bienestar”, hace sugerencias y aportaciones a dicha Ley y concluye que “la investigación del daño social, su correspondiente informe o, en su caso, dictamen pericial social y los profesionales del trabajo social clínico-forense afines a ello, aun siendo poco conocida su relevancia en el ámbito de los accidentes de tráfico, son incuestionables en un trabajo de equipo que pretende una valoración de daños íntegra y de calidad”.
Más información en: http://www.revista-agathos.com/inicio.asp
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