Diego Zenobi
Dr. en Antropología Social (UBA FFyL) e Investigador Adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Es docente de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en FLACSO. Su tema de investigación actual es el activismo de las víctimas de diversas situaciones así como el papel de los expertos (psicólogos, abogados, trabajadores sociales, médicos, etc.) con los que éstas se relacionan.
Sus últimas publicaciones son la compilación «Traces: Mémoires et politiques des crises en Amérique Latine» junto a S. Ullberg y T. C. da Silva (París, L’Harmattan, 2016); el artículo «Esperando justicia. Trauma psíquico, temporalidad y movilización política en la Argentina actual». Papeles del CEIC. International Journal on Collective Identity Research (Vol 2017/1); y el libro “Familia, política y emociones: las víctimas de Cromañón entre el movimiento y el Estado” (Buenos Aires, Antropofagia, 2014), basado en su tesis de doctorado en la que ha estudiado el movimiento de demanda de justicia impulsado por los familiares de los 194 fallecidos en el incendio del local República Cromañón y por los miles de sobrevivientes del hecho.
En algunos de tus trabajos te abocaste a reflexionar acerca del lugar social que fue ocupando la figura de las víctimas en Argentina, en el marco de la lucha por reivindicar sus derechos, reclamando al Estado. ¿Qué factores crees que influyeron para que la figura de víctimas se haya consolidado a través de los años, respecto de su legitimación social?
Según la hipótesis del “humanitarismo” en nuestras sociedades contemporáneas opera una gran sensibilidad compasiva en torno del dolor y del sufrimiento ajeno. Los padecimientos que deben ser atendidos, reparados, curados, sanados, pasaron a constituirse en fuente de reclamo y reconocimiento. Por ello, resulta tan natural para nosotros que la emocionalidad esté articulada en los discursos políticos de quienes exigen ser escuchados. Expresión de ello es que los familiares de personas que han sufrido violencia y daños, se presenten ellos mismos como víctimas sufrientes.
A su vez, creo que no podemos dejar de considerar el modo en que este fenómeno es producido y reproducido desde espacios institucionalizados. Tanto los estados nacionales así como organizaciones del “tercer sector” y organismos transnacionales promueven la creación de protocolos, mecanismos, comités, normativas y financiamientos para atender la situación de víctimas de los más diversos hechos y, de este modo, contribuyen a que la figura de la víctima sea socialmente reconocida y consagrada como legítima.
De todos modos, cabe aclarar que cuando decimos “víctimas” no estamos hablando de un colectivo, un grupo de personas realmente existente, unificado, estable e igualmente reconocido. Lo único que unifica a las víctimas es que las nombramos con el mismo término. Pero se trata de personas que han atravesado experiencias completamente diversas e inclusive antagónicas.
Pensás que la organización de las víctimas y su activismo podrían corresponderse con cierta falta de respuestas por parte de los tradicionales canales de reclamo estatal o judicial?
Creo que el vínculo entre víctimas y activismo –entendido como la construcción de un compromiso con una causa pública– no es un vínculo necesario sino sólo posible. Tras haber sufrido algún tipo de daño esas personas circulan por una serie de dispositivos (penal, de atención, de reparación, terapéutico, etc). Cuando sus expectativas se ven defraudadas, las víctimas accionan estrategias que pueden incluir el activismo. La posibilidad de que surja un entramado asociativo activo está relacionada con innumerables cuestiones. Algunas de ellas son el papel que pueden jugar ciertos referentes con trayectorias de militancia previa que contribuyan a la formación de redes y organizaciones; a particularidades del hecho que pueden favorecer (o no) los contactos frecuentes entre quienes sufrieron el daño (por ej. si son personas de la misma ciudad); también puede ser relevante que desde el universo de la política profesional (funcionarios, legisladores) se retome cierto reclamo y se promueva como parte de una lucha en ese campo, etc.
Más allá del activismo, la falta de respuesta de los canales que deberían darla puede ser tramitada de otros modos. Por ejemplo, en la Argentina de los años 1990 cuando estaban cerradas las posibilidades de avanzar en los procesos penales contra los militares genocidas, hubo usos creativos del derecho civil que fue movilizado con la finalidad de conseguir justicia (no penal) a través del pago de indemnizaciones.
Sostener que la relación entre víctimas y activismos es posible pero no necesaria, implica reconocer que así como hay formas de ser víctima que no están relacionadas con modalidades de activismo, también ocurre lo opuesto: hay activistas que rechazan, discuten y se oponen a esa categoría.
Foto: Alejandro Farina, Diario Registrado.
Por momentos podría resultar contradictorio pensar que en un país como Argentina (que se encuentra a la vanguardia comparándolo con otros países de la región respecto de avances en la legislación sobre Derechos Humanos), en los últimos años hayan aumentado o cobrado más relevancia las agrupaciones de víctimas reclamando al Estado ¿con qué cuestiones asocias esta situación?
Esto no debe sorprendernos ya que, justamente, el hecho de que haya una legislación de avanzada hace posible que la condición de víctima sea apropiada por parte de quienes encuentran en ella una herramienta adecuada para gestionar sus demandas. Durante varias décadas el movimiento por los Derechos Humanos luchó en Argentina por un reconocimiento que se hizo pleno a partir del año 2003 con la llegada de Néstor Kirchner al gobierno.
Si bien algunas políticas se habían lanzado años antes, a partir de entonces el Estado incorporó la agenda de los organismos de Derechos Humanos, se impulsaron fuertemente los juicios penales a los militares, se promovió la recuperación y construcción de espacios de memoria, se asumió públicamente la responsabilidad estatal por las desapariciones ocurridas durante la dictadura, etc. Todo esto contribuyó a que la categoría de “víctima” –en especial de la violencia y del terrorismo de Estado–, haya cobrado relevancia y potencia en el medio local.
¿Podrías mencionar algunos ejemplos de activismos y de víctimas en Argentina que en los últimos años hayan cobrado relevancia?
En la Argentina de los últimos dos o tres años hay una movilización muy intensa de las cuestiones de género en el debate público, que se ha instalado luego de décadas de lucha impulsada por el movimiento de mujeres y el feminismo. Hitos en ese proceso han sido las movilizaciones de 2015 y 2016 que bajo el lema “Ni una menos” que congregaron entre 200 y 300 mil personas en 2015 y 2016 para oponerse a los femicidios. Se trata de una agenda que incluye el debate por la despenalización del aborto que está cerca de ser ley y que –esto me parece novedoso– ha generado afinidades y alianzas entre personas y legisladores que responden a organizaciones y partidos antagónicos en relación a otros temas.
Otra cuestión que me resulta novedosa es el lugar público que están tomando “otras” víctimas que no están conectadas con la violencia de Estado. Los familiares de fallecidos en accidentes de tránsito, en situaciones de robo, y en diversas tragedias producto de lo que señalan como corrupción estatal y privada (incendios y accidentes ferroviarios, por ejemplo), han lanzado una campaña conjunta en 2016 llamada “Para que no te pase”.
Como producto de ese activismo y del trabajo político que impulsaron se sancionó la llamada “Ley de víctimas del delito”. La ley incluye novedades como la figura del defensor oficial de víctimas, la creación de dispositivos de atención, y la posibilidad de que el juez informe y escuche a las víctimas cuando quien cometió el delito que las dañó está en condiciones de contar con salidas transitorias de la prisión. Se trata de un intento, disputado, discutido en el mundo jurídico, de ubicar a las víctimas en un lugar diferente al que venían teniendo hasta ahora en el proceso penal. En un contexto como el argentino, estas dos experiencias de activismo que menciono, resultan novedosas.
¿Qué similitudes y diferencias encontrás entre las víctimas de la dictadura militar Argentina y las víctimas de Cromañón?
Entiendo que en ambos casos aparece el supuesto de que el Estado debió cuidar y proteger y que, en cambio, provocó muertes y sufrimiento. En el caso de la dictadura militar se habló de un Estado asesino, mientras que en el caso del incendio de Cromañón -que en parte fue posible gracias a la falta de control estatal- la acusación giró en torno de un Estado corrupto. Varios de los integrantes del movimiento Cromañón habían militado previamente durante años en el movimiento por los derechos humanos bajo la consigna Memoria, Verdad y Justicia. En parte, esa consigna se trasladó a la lucha por los fallecidos. Sin embargo, el principal acusado por el incendio –el jefe del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra– era un hombre ligado al universo de los derechos humanos. La acusación de corrupción y el pedido de cárcel a Ibarra colocó al movimiento Cromañón en un lugar de tensión con una parte del movimiento de derechos humanos local. Mientras una parte se sumó a las reivindicaciones, otra tomó distancia.
Foto: Diario La Voz
¿Reconoces algún aporte específico por parte del Trabajo Social en la construcción de la figura de víctimas?
Creo que frente a otras disciplinas que se relacionan con víctimas, el Trabajo Social contribuye a introducir el contexto cotidiano en que ellas se desenvuelven pero no como un simple telón de fondo, sino como un elemento productivo de la experiencia del ser víctima. Como investigador, también creo que el Trabajo Social es productivo en un sentido diferente: veo a esa profesión como uno de los saberes incluidos en dispositivos oficiales que a través de los diagnósticos, de los informes, del trabajo colaborativo, etc., contribuye no tanto a describir un estado de cosas y de situación, sino más bien a crearlo. Esto es, junto a otros saberes profesionales y formas de conocimiento, clasifica, diagnostica, evalúa certifica y da existencia social oficial a las “víctimas”. Finalmente, creo que para hablar de las profesiones que trabajan con víctimas, resulta necesario considerar la orientación y finalidad de los dispositivos en los que estas se ponen en juego. Es decir, pensaría al Trabajo Social en el contexto particular de su ejercicio según el anclaje institucional y el tipo de dispositivo (penal, terapéutico, de reparación económica, etc.).
Respecto de tu estudio acerca del Movimiento Cromañón ¿podrías explicar las implicancias o influencias de los profesionales del área “psi” en el Movimiento?
A lo largo de mis años de trabajo de campo en el movimiento de lucha conformado por sobrevivientes y familiares de los fallecidos en el local Cromañón, he desplazado mi interés desde el activismo de las víctimas hacia el papel de los profesionales con los que ellas se relacionaron. Así, encontré cuatro tipos de saberes “psi” que estuvieron presentes: la psicología, la psiquiatría, el psicoanálisis y la psicología social. Entiendo al mundo social de las víctimas como un campo político, esto es, como un espacio social atravesado por conflictos en los que diversos agentes intentan imponer ciertas metas públicas y controlar los medios para alcanzarlas. Desde ese punto de partida, podemos ver que aquellas orientaciones estuvieron en disputa por definir cómo afectó lo ocurrido a las personas y como debía ser gestionado ese padecimiento.
En principio debe destacarse que la intervención de ese conjunto de agentes del campo “psi” fue muy valorada por las víctimas que recibieron contención a través de la intervención terapéutica. También su papel fue valorado puesto que las constancias y certificados emitidos por ellos, hacían posible certificar la condición real de víctimas del incendio y acceder al subsidio económico previsto por ley. Finalmente algunos profesionales que contaban con reconocidas trayectorias militantes en el campo conformado por el cruce entre salud mental y derechos humanos, acompañaron a las víctimas en su lucha política participando de conferencias de prensa, actos públicos, etc. Amparados por sus credenciales profesionales y apelando a la relación entre trauma e impunidad, ellos respaldaron sus demandas; exigieron públicamente que las víctimas tuvieran reparación a través del juicio penal y de otros mecanismos de reparación simbólica. En síntesis, tanto en lo que hace a la clínica, la contención, la certificación y la lucha política el campo “psi” fue muy relevante.
Siguiendo con la temática de Cromañón, es interesante lo que describís en tus trabajos acerca de las relaciones del Movimiento con el Estado en cuanto al reconocimiento que realizó el Estado hacia las víctimas y al mismo tiempo los reclamos que las agrupaciones realizaron al mismo Estado, ¿podrías explicarlo?
Como vengo diciendo, por un lado tenemos un movimiento que se opone al Estado y lucha exigiéndole que se haga justicia. Pero al mismo tiempo, por lo que señalé arriba, las personas que reclamaban habían sido reconocidas y consagradas como víctimas a través de las relaciones que establecieron con dispositivos estatales y con sus profesionales. Cuando hacemos investigación social solemos repetir esa oposición política entre los movimientos que reclaman derechos y el Estado. Esa mirada normativa (y acaso romantizada) de las luchas y de los procesos políticos que separa y opone Sociedad Civil y Estado, es problemática en términos analíticos pues no permite comprender las relaciones recíprocas y de interdependencia que existen entre ambos.
Foto: Javier Brusco, Diario Clarín
¿Podrías describir el proceso de reutilización que realiza el Movimiento Cromañón de la categoría de trauma?
El hecho de que el incendio de Cromañón haya terminado en la muerte por asfixia de cientos de jóvenes, fue asumida como una cuestión altamente traumática, tanto en lo que hace a la manera de morir así como en relación al sufrimiento de los sobrevivientes y padres que debieron enterrar a sus hijos. Esta asociación entre dolor, sufrimiento y trauma psíquico fue muy fuerte y particular del caso.
Así fue que a lo largo de la lucha las categorías como “duelo patológico”, “proceso psíquico”, “trauma”, y “estrés postraumático” resultaron centrales aún cuando no se ajustaran a sus definiciones estrictamente técnicas tal como pueden encontrarse en manuales como el DSM. Esos términos fueron movilizados para exigir que se realice pronto el juicio penal; para pedir una sentencia acorde a las expectativas de las víctimas y evitar una retraumatización; para oponerse a que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires retire el memorial construido por familiares y sobrevivientes sobre la calle en homenaje a los fallecidos, etc.
Retomando la respuesta previa, creo que lo interesante del caso es que, en parte, esas “armas” para disputar con el Estado fueron adquiridas a través de la relación que las víctimas establecieron con los dispositivos estatales de atención de su salud mental.
Nos hemos estado refiriendo hasta aquí a las víctimas pero, ¿víctimas para siempre? ¿Cuál es su opinión sobre la desvictimización?
Con frecuencia escucho afirmar a los profesionales que la condición de víctima debe ser superada. Esa posición implica toda una serie de valoraciones respecto de lo que significa ser una víctima pasiva, sufriente, etc. Al respecto, considerando los logros que han alcanzado diversos colectivos de personas que se nombran a sí mismas como “víctimas”, me pregunto si la experiencia de esas personas coincide necesariamente con aquel modo de entender la experiencia de victimización. En esta misma línea, creo que si “víctima” es una categoría valorada y socialmente eficaz para lograr el reconocimiento de derechos, entonces la posibilidad de desvictimizar puede encontrar resistencias.
Todo esto nos lleva a preguntarnos por la relación entre el término “víctima” y la experiencia de ser víctima –problema al que me refería sobre el final de la primera pregunta–: cuando utilizamos la categoría “víctimas” tenemos que ser conscientes de que a la vez que estamos enunciando implícitamente una serie de cuestiones, también estamos aplanando una cantidad de experiencias muy disímiles que difícilmente puedan nombrarse bajo un simple término.
En materia de estudios o investigaciones sobre víctimas, que temas estimas que están pendientes para seguir investigando?
En lo que hace a las ciencias sociales en Latinoamérica, creo que un primer desafío a futuro es profundizar el interés que están despertando víctimas de fenómenos no vinculados de forma directa a la violencia de Estado, tales como la trata de personas, el delito urbano, las catástrofes y tragedias, los accidentes de tránsito, las personas que sufren bullying, mala praxis médica, etc. En segundo término creo que hemos privilegiado el estudio de las formas contenciosas impulsadas por organizaciones, colectivos, etc. Por ello, una segunda cuestión a profundizar creo que debe ser la indagación en torno a los dispositivos, procedimientos y mecanismos a través de los cuales ciertas personas son consagradas como víctimas. Allí resulta prioritario el estudio del papel que juegan ciertos especialistas como abogados, psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos, etc. que ponen en juego ciertos saberes profesionales. Finalmente, creo que en las ciencias sociales actuales que se ocupan del cruce entre víctimas y activismos, tenemos por un lado trabajos que apunta a caracterizar grandes cambios sociales, procesos de nivel muy general y, por el otro, una enorme abundancia de estudios de caso. Creo que está pendiente el trabajo de nivel medio que, basado en el procedimiento comparativo, logre producir generalizaciones fundadas en el análisis detallado de casos diferentes que pueden ser contrastados a partir de la construcción de dimensiones de variación específicas.
Algunxs colegxs están trabajando en estas direcciones. Creo que ese tipo de trabajos nos permitirán avanzar en nuevas preguntas de investigación acerca de los mundos sociales de las víctimas entendidos como campos políticos.
